Cuando el gobierno nacional, a través del ministerio de educación nacional, certifico al municipio, una vez que se realizó la certificación educativa se entrego a éste la administración de los centros docentes, en virtud de la descentralización educativa, en tal sentido delegó la facultad de adjudicación y celebración de contratos en los directores y rectores ordenadores del gasto. Al respecto es importante señalar, que la contratación administrativa que deba realizar el rector o director de un establecimiento educativo estatal instituto técnico o escuela industrial , en su calidad de ordenador del gasto deberá sujetarse a las cuantías señaladas en la Ley 80 de 1993, artículo 24 numeral 1, literal A, reglamentado por el Decreto 855 de 1994, y así mismo se deberá estar debidamente facultado o delegado por la entidad territorial , para contratar , acorde con las competencias atribuidas a las mismas por el artículo 11 numeral tercero literal b) de la Ley 80 de 1993. Los recursos de ley 21, se giran directamente a los Fondos de Servicios Docentes, y obedecen a proyectos previamente aprobados por el Ministerio de Educación Nacional , En este orden de ideas es del caso agregar que dichos Fondos existen en todos los establecimientos educativos estatales. las cuantías que corresponden acorde con el presupuesto de la entidad territorial, a la cual pertenezca el establecimiento educativo estatal. En el evento en que la contratación con recursos Ley 21, se lleve a cabo por un establecimiento educativo cuya naturaleza jurídica sea la de establecimiento público descentralizados de cualquier orden, la cuantía que regirá la contratación, es la que corresponde al respectivo presupuesto del establecimiento público. En otras palabras, con el proceso de descentralización administrativa, cuya figura jurídica es la certificación en la educación de los entes territoriales que cumplan con unos requisitos que entre otros es garantizar la eficiencia y la eficacia en la administracion de los recuros (Es más con dicho proceso de descentralización, los rectores de los centros docentes, están en la obligación de elaborar informes financieros, presupuestales y de gestión y enviarlos periódicamente a la secretaría de educación con copia a la secretaria de hacienda, para el respectivo monitoreo de la ejecución de los recursos que le son transferidos, ya sea vía recurso propio o ley 715) Lo anterior nos lleva a preguntarnos sí existe tal normatividad y jurisprudencia, sí los rectores están en capacitad de contratar, sí los recursos existen, entonces por que hay tantas necesidades locativas (techos, pisos, baterias sanitarias, etcétera, sin atenter en los centros educatívos de nuestra ciudad?. Será que los rectores no elaboran los proyectos que la ley exige?, para que una vez elaborados los lleven a los directores de nucleo y éstos dos (rector y director), se reunan con la secretaria de educación y ya en una posterior reunión dicho proyecto, valorado y discutido, sea presentado al alcalde municipal. O será que no existen dichos fondos? como la ley lo contempla y mucho menos se le trasfieren recursos a los centros educativos para el normal funcionamiento de los mismos?. ahí le pongo ese trompo en la uña, esperemos quien le pone el cascabel a la culebra. Amanecerá y veremos.