Álvaro Posse Guzmán

Sin embargo, y hasta que no se diga lo contrario, a partir de esta semana, todos los profesores del país, acatando las “sabias órdenes” de la Corte Constitucional, tendremos que explicarles a nuestros estudiantes, la práctica del homicidio perpetrada a través del aborto, como un ejercicio de la libertad y como si fuera un valor ético que toda la sociedad aceptara como bueno y conveniente y que para nada riñe con el Derecho a la Vida que proclama nuestra Carta Magna.

También tendremos que explicarles, que la presencia de sus compañeros discapacitados, que el gobierno protege a través de los programas de inclusión, como por ejemplo los niños con síndrome de Down, existen porque, seguramente no fueron asesinados a tiempo (entiéndase abortados) ya que, tal vez, esta norma no existía al momento de ser concebidos. Quizás el país, a través de estos “sabios” magistrados, estén pretendiendo, al mejor estilo Hitleriano, tener en Colombia una “raza pura” para lo cual el exterminio de los “impuros” resulte el camino más eficaz, obligando a las entidades de salud, y con ellas a sus médicos, a servir de verdugos materiales, aún en los casos en que los mismos pretendan no querer serlo, porque ya no cabe la objeción de conciencia, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional: Una Sentencia de promoción de la muerte temprana.

Pero, ¿qué le vamos a responder a nuestros estudiantes cuando nos pregunten (y en presencia de sus compañeros discapacitados) sobre la diferencia entre asesinar antes de nacer o después de nacer? Porque si la discapacidad se detecta después del parto, ¿se podrá llegar en algún momento a aprobar la pena de muerte para el que la demuestre con posterioridad a su nacimiento? Muchos dirán: - ¡No! ¡Eso es impensable! - ¿Impensable? Pues el aborto, hasta hace algún tiempo, también lo era.

Ahora bien, como nos toca acatar el fallo de la Corte Constitucional, nosotros los docentes, en gran número –seguramente- en contra de la medida, nos tocará servir de promotores de esta, también sin que la objeción de conciencia sea tenida en cuenta, convirtiéndonos en verdugos intelectuales para los niños que sean abortados, gracias a enseñanzas impuestas en nuestros currículos… A propósito, ¿es legal imponerlas de esa manera…? Hummmm…

Entonces, no puedo dejar de concluir, que la Corte Constitucional, convirtiéndonos, a los médicos en verdugos materiales y a nosotros los docentes en verdugos intelectuales, nos termina transformando en realidad en sicarios, cuya definición correcta es la de asesinos asalariados.

¿Qué más se puede esperar de un país diseñado para la muerte, donde, paralelamente al fallo de la Corte Constitucional, el Congreso de la República aprueba el presupuesto nacional donde, por primera vez adjudica más recursos para la seguridad y para la defensa, que para la Educación? “El país está dedicado a hacer la guerra y no a garantizar los recursos para uno de los derechos fundamentales como la educación”, afirmó esta semana el Senador Jorge Guevara.

Y si a todo lo anterior le agregamos la inmensa diversidad de problemas de violencia que soporta el país, la amenaza armamentista de nuestros países vecinos y la puesta en funcionamiento de nuestras bases militares al servicio de intereses propios y norteamericanos que reconocen la presencia del terrorismo en nuestro territorio, no deberíamos ni siquiera asombrarnos por un fallo donde se promueve el matar antes de nacer, asuntos estos enmarcados dentro de nuestra –inobjetable para muchísimos- “Seguridad Democrática”. Como decía una coordinadora amiga: “Que Dios nos coja confesados”.