Fiel a su política de comprarlo todo con tal de obtener resultados, Álvaro Uribe propuso el martes 26 de enero que los estudiantes se vuelvan sapos.

Planteó vincular a mil de ellos a las listas de informantes de las fuerzas de seguridad del régimen con el supuesto fin de enfrentar la violencia desbordada en Medellín.

Ya en Cali, donde la situación de inseguridad es aterradora, así la minimice el alcalde Ospina, Uribe propuso no mil sino tres mil jóvenes a sueldo para los mismos fines.

Aprovechando la situación miserable de millones de jóvenes, para quienes lo ofrecido ($100.000 mensuales) puede resultar atractivo, Uribe insiste en las listas de informantes.

Como ha hecho con casi dos millones de colombianos vinculados a los programas de subsidios, el más conocido de los cuales es el de Familias en Acción.

Seguramente Uribe busca engrosar las listas de votos cautivos para sus ambiciones re reeleccionistas y las de sus amigos congresistas, incluidos los de ADN y PIN…

Pero el análisis de la propuesta de Uribe debe ir más allá, pues se trata de un asunto de ética pública: ¿es válido pagarle a todo el mundo para combatir un flagelo como la inseguridad?

La idea de pagar a mil muchachos paisas, que después podrán ser muchos más, tiene unos antecedentes nefastos: los llamados falsos positivos…

Esos crímenes ocurrieron con base en los estímulos ofrecidos por el Gobierno: agentes del Estado asesinaron a jóvenes inocentes para mostrarlos como guerrilleros dados de baja.

Y se podría ir mucho más atrás, pues fue el propio Uribe el inspirador de las nefastas cooperativas de “seguridad” Convivir, que degeneraron luego en “autodefensas”…

Uribe anda por estos días dando palos de ciego, preocupado porque el fenómeno de la inseguridad urbana se le salió de las manos, a pesar de su “seguridad democrática”.

En Barranquilla hay por estos días una aguda controversia liderada por el Alcalde Char ante el incremento de la criminalidad y el fracaso de la Policía de la ciudad.

En nuestra región ni se diga: en 2009 los balances fueron aterradores en materia de homicidios: cada día fueron asesinadas cuatro personas en Cali y nueve en el Valle.

Durante 2009, un total de 1.814 personas fueron asesinadas en Cali y 3.294, en el Valle del Cauca, según cifras del Instituto de Medicina Legal.

En Medellín, de acuerdo con la misma fuente, en 2009 ocurrieron 2.176 homicidios, 744 muertes violentas más que en 2008, ¡un incremento del 104%!

Así las cosas, lo que está ocurriendo en las principales ciudades del país es un desbordamiento de la criminalidad en general, pero de manera especial de los homicidios.

Y todo a pesar de la política de “seguridad democrática” en la que el Gobierno invierte una gran parte del presupuesto nacional para sostener una fuerza de 445.000 hombres.

Lo anterior significa que Colombia tiene unas Fuerzas Armadas iguales a las del Brasil, aunque este país es ocho veces más grande en territorio y cinco, en población.

Estamos en presencia, pues, de un fenómeno que gravita en la ciudadanía: la falta de tranquilidad en las calles, sometidas a las bandas armadas y al imperio del crimen.

Fenómeno que refleja la multiplicación de carteles del narcotráfico y el reagrupamiento de muchos de los 30.000 paramilitares desmovilizados dejados en libertad por el Gobierno.

Pero, además, el crecimiento del desempleo, la segregación social y la crisis de un estado al que la denominación de “social de derecho” le quedó grande.

Y ante esa crisis monumental, Uribe sigue hablando de volver informantes hasta a los estudiantes, de ponerlos de carne de cañón.

Con razón esta propuesta, así como sus medidas de emergencia sobre la salud, han recibido un rechazo tan masivo en el país, empezando por los mismos estudiantes.

La solución no está en convertir a todos, como lo hiciera Hitler, en señaladores de sus vecinos, amigos y hasta de sus familiares.

Colombia no necesita otro cartel de los sapos.