“La violencia contra la mujer todavía no ha recibido la atención prioritaria y los recursos que se requieren en todos los niveles para abordarla con la seriedad y la visibilidad necesarias”

Esa violencia es inaceptable, ya sea perpetrada por el Estado y sus agentes o por miembros de la familia o extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto.

Se han establecido marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales que abarcan muchas formas diferentes de violencia en los contextos público y privado. Sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de esas normas, pautas y políticas jurídicas no han ido acompañados de progresos similares en su aplicación. Sigue siendo insuficiente y poco sistemática en todas partes del mundo.

Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal. El resultado es que se deniega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente.

La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de esos actos queden impunes.